lunes, 28 de junio de 2010

Sobre los mal llamados "Falsos positivos", el periodista Felipe Zuleta en el año 2009, hace un muy buen documental titulado “La pobreza, un "crimen" que se paga con la muerte”. http://www.youtube.com/watch?v=LOOfXTkk_E8&feature=player_embedded

Un concepto que según las versiones fue acuñado por el entonces Ministro de Justicia, Juan Manuel Santos, ahora presidente de nuestro país, que escuetamente traduce: asesinatos de civiles por parte de miembros de la Fuerza Pública, haciéndolos pasar como “bajas” en combate. En otras palabras, crimenes de Estado.

Tanto la Organización de Naciones Unidas, y entidades estatales como la Fiscalía, han investigado los casos de "falsos positivos" que se vienen presentando desde el 2006 bajo el mandato de Uribe y que han cobrado más de 2000 víctimas. La modalidad criminal de los "falsos positivos" contempla la posibilidad de que miembros del Ejército registren el mayor número de muertos, haciéndolos pasar como miembros de grupos ilegales, para luego ser recompensados con permisos, bonos y ayudas económicas.

El escándalo fue conocido cuando once madres de jóvenes de Soacha denunciaron que sus hijos, reportados como delincuentes caídos en combate, fueron asesinados, al parecer, por miembros de la Fuerza Pública en la zona rural de Ocaña en el Norte de Santander. Aunque se tienen noticias de estos crímenes desde 1990, cuando el entonces embajador de Estados Unidos Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia.

El caso de nueve civiles muertos en El Ramal, Santander, el 07 de junio de 1990, que fueron asesinados y luego vestidos como guerrilleros, es uno de los primeros registros que se tiene de estas ejecuciones extrajudiciales. La historia trascendió cuando a la escena llegó un juez militar que se dio cuenta que en los uniformes no había agujeros de bala y que por ello la ropa no coincidía con las heridas en los cuerpos de las víctimas. (Michael Evans, Revista Semana, 07 enero 2009)

El fenómeno denominado por el Archivo de Seguridad Nacional de Washington como “el síndrome de conteo de bajas”, ha cobrado miles de víctimas y a pesar de las pruebas, el gobierno colombianos no ha aceptado su responsabilidad.

Un informe del CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) publicado en el periódico El Espectador del 5 de mayo del 2009 muestra una cronología de ocho casos denunciados y comprobados como "falsos positivos":

Mauricio González (Octubre 8 de 2008)

“Militares de la Brigada VI del Ejército ejecutaron a Mauricio y detuvieron arbitrariamente a Deivy, a Ricardo y a Wiston. Fueron presentados como guerrilleros del frente Cajamarca de las Farc”.

Ferley Augusto Linares Granados y Julia Esther Jerónimo Sánchez (Octubre 13 de 2008)

“Asesinados en zona rural de Fortul cuando se transportaban en una motocicleta”.

Marco Tulio Peñalosa (Octubre 16 de 2008)

“Militares del Batallón Contraguerrilla 65, de la Brigada XVI, ejecutaron al campesino Marco Tulio en la vereda Sizaraque, lo sacaron de su casa frente a tres testigos y simularon un combate”.

Jeferson Estiven Bastidas (Octubre 25 de 2008)

“Tropas del Ejército ejecutaron a Jeferson, de la Corporación Campesina (Corcap), afiliada a Fensuagro-CUT, en la vereda La Esmeralda, corregimiento Mecaya”.

Arnobis Negrete Villadiego(Diciembre 26 de 2008)

“Tropas del Batallón de Infantería 31 Rifles de la Brigada XI del Ejército Nacional ejecutaron a Arnobis, a quien posteriormente presentaron como integrante de una banda criminal de alias ‘Don Mario’ muerta en combate. Tenía 18 años, estudiaba séptimo grado de bachillerato en la jornada nocturna de la institución educativa Cristóbal Colón de Montería”.


María Concepción Rico (Enero 7 de 2009)

“Herida en su casa en un combate entre el Ejército y la guerrilla. Fue trasladada a Villavicencio donde murió. Los soldados trataron a los civiles de ser guerrilleros”.

Luis Arbey Díaz Rubieno (Marzo 14 de 2.009)

“Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda el Tapir, de La Macarena (Meta), asesinado por un soldado de la Brigada Móvil Nº 1, bajo al mando del teniente Londoño”.

Después de la visita a Colombia del relator de la ONU para ejecuciones arbitrarias, Philip Alston, se abrieron las puertas para hacer público uno de los fenómenos más macabros de los últimos tiempos, en sus declaraciones el funcionario reveló detalles nunca antes conocidos:

"...Hay dos problemas con el relato que se centra en los falsos positivos y en Soacha. El primero se debe a que la expresión “falsos positivos” brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio.

El segundo es que el enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente, como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello". (Declaración del Profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009)

La nueva modalidad de desaparición no tardó en cobrar fuerza entre las filas del Ejército y el Gobierno, desatando así amenazas contra los familiares de las víctimas que han denunciado los asesinatos.

Según un informe de Caracol Radio publicado el 18 de marzo de 2010 “De acuerdo con un reporte de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, 218 integrantes del Ejército han sido condenados tras haber sido hallados responsables del asesinato de personas que son presentadas como supuestos delincuentes muertos en combates.

Según el documento, cinco tenientes coroneles, seis mayores, nueve capitanes y 60 soldados profesionales han sido sentenciados por la justicia colombiana.

De igual manera, de acuerdo con las estadísticas que lleva la Fiscalía, son investigados 1.353 casos de homicidios cometidos presuntamente bajo la modalidad conocida como la de los falsos positivos”.

Los procesos judiciales de las víctimas de estos crímenes no han avanzado; cambio de fechas, postergación de audiencias, falta de pruebas y falta de garantías de los familiares de las víctimas, solo han dilatado los procesos. No ha existido una reparación verdadera en cuanto a justicia y verdad, y dentro del marco legal no ha existido ningún tipo de seguimiento por parte del Estado a las familias, ni indemnizaciones por los hechos.

Luz Marina, por ejemplo, la madre de Fair Leonardo Porras muerto por el Ejército y presentado como guerrillero, a la cabeza del grupo de las madres de Soacha, es una de las pocas madres que ha podido empezar el proceso en la Fiscalía. Aunque este varias veces se ha vencido por términos, a pesar de contar con el testimonio de dos de los reclutadores encargados de trasladar a los muchachos de un lugar a otro.

Para la Mesa de Trabajo sobre ejecuciones extrajudiciales de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, existen reportados 3.796 casos que no han sido aclarados. Por lo que se puede inferir que la labor de los organismos de investigación ha sido totalmente deficiente, sobre los jóvenes de Soacha, tres de los casos se encuentran en indagaciones preliminares y dos están estancados mientras se resuelve la colisión positiva de competencias. Los demás ni siquiera han empezado.

En el caso de Luz Marina, las audiencias preliminares se tenían planeadas para el 24, 25 y 26 de mayo de 2010 para el descubrimiento de pruebas, luego se realizaría el juicio oral, y más adelante el juicio condenatorio, pero nuevamente los abogados defensores pidieron a la juez que lleva el caso, aplazar la audiencia de juicio a un término prudencial pues según ellos, la Fiscalía no les ha hecho llegar algunas pruebas dentro del proceso.

La defensa de los militares, también señaló que no hay términos precisables para cada uno de los imputados en el proceso, lo cual no permite el tiempo entre audiencia y audiencia, y dificulta la preparación de las mismas.

Ante estas razones de extender el proceso, las madres de los jóvenes, ese mismo día, el 24 de mayo de 2010, presentaron su caso ante la Corte Penal Internacional con el fin de esclarecer los hechos, y contar con su intervención y veeduría en el desarrollo de los casos. (Ver anexo).

Así es pues como la sociedad colombiana sumida en un aparente conflicto interno, devela las complicadas dinámicas de guerra y muerte que se presentan cuando los ideales políticos van en contravía de los derechos humanos y civiles. La intrincada espiral que empieza con las desapariciones de los años 80 en Colombia y desemboca en el 2006 con los más de 1.800 casos de falsos positivos, solo deja un complejo panorama que se debe replantear diariamente, ¿Qué pasa con las víctimas?

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